Las cifras de dependencia en España no paran de crecer, y en ello tiene un impacto claro la actual pirámide poblacional, con un claro descenso de la natalidad en un extremo, y personas que cada vez vivimos más y además deseamos hacerlo en las mejores condiciones posibles, en el otro extremo.
Sarah Harper, gerontóloga y demógrafa británica “la vejez llega cuando nos convertimos en dependientes”. En la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la personas en situación de dependencia se establece que la dependencia es el estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria, o en el caso de la personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
Cada vez nos hacemos más mayores, y aunque solemos tener una buena calidad de vida has aspectos que ésta que no podemos solventar de forma completamente independiente y requerimos una ayuda externa, alguien que complemente esas capacidades que, poco a poco, vamos perdiendo.
Esta situación pone en un brete al actual sistema de pensiones, porque, ¿hasta dónde alcanzará con el planteamiento actual? ¿es sostenible en el tiempo prestar los servicios necesarios a personas que alcanzan los 90 años o más con una calidad de vida más que respetable? Algunas de las regiones más longevas de España, como Galicia se sitúan también entre las que tienen una tasa de dependencia más alta.
Desde un punto de vista mercantilista surgen nuevos negocios y profesiones en torno a los cuidados y atenciones que requieren las personas en situación de dependencia, y la tendencia para 2023 es clara: al alza. Pero la cuestión que se plantea es: ¿podrán las administraciones públicas atender esas crecientes necesidades?
El fenómeno de la dependencia ha alcanzado unas cifras que hacen que esta problemática haya salido del ámbito puramente privado (las familias debían solventarlo con sus propios recursos) a trascender al ámbito de lo público, debiendo aumentar las administraciones tanto su implicación como sus dotaciones presupuestarias, técnicas y de recursos humanos.
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